El dinero pagado por saltarse el confinamiento volverá al bolsillo de los infractores. El Gobierno ha creado un equipo de trabajo que va a empezar a devolver todas las sanciones económicas que se impusieron a los ciudadanos durante el primer estado de alarma -durante el período más duro de la pandemia, en el que hubo un estricto confinamiento- y anular todos los expedientes en tramitación, según ha avanzado Europa Press de fuentes del Ministerio de Política Territorial y ha podido corroborar La Vanguardia.
Tras el fallo del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional el primer estado de alarma, vigente del 14 de marzo al 21 de junio, el Ejecutivo ha creado equipos de trabajo con todas las subdelegaciones y delegaciones del Gobierno, que serán las encargadas de tramitar las devoluciones. En estos equipos, participan la Agencia Tributaria, la Delegación de Economía, el Tesoro Público, el Ministerio de Política Territorial y los servicios informáticos del Estado, indispensables para una operación de una envergadura sin precedentes.
En las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno se habilitará un mecanismo para que los ciudadanos obtengan la transacción
Según fuentes de Política Territorial, mientras el Tribunal Constitucional estudia la posible inconstitucionalidad del segundo estado de alarma, que añadiría una mayor complejidad a la cuestión, el Gobierno central ha decidido ganar tiempo y procederá ya a la devolución "de oficio" de la cantidad que se cobró en las sanciones impuestas en el primer estado de alarma.
Control de los Mossos d´Esquadra para controlar el cumplimiento del confinamiento comarcal decretado de nuevo por la Generalitat tras permitir la movilidad durante la Semana Santa.
Los ciudadanos que quieran acogerse a la devolución deberán acudir a la delegación o subdelegación del Gobierno en su provincia, donde se habilitará un mecanismo para que consignen una cuenta bancaria desde la que poder llevar a cabo la transacción. No se ha informado de que los trámites se puedan hacer de forma no presencial, pero los equipos de trabajo están todavía analizando la manera de llevar a cabo una operación que previsiblemente puede desbordar la capacidad de la administración.
CATALUNYA Y EL PAÍS VASCO TENDRÁN UN OPERATIVO PROPIO
Catalunya y el País Vasco establecerán su propio operativo, ya que tienen la competencia en esta materia transferida y, de hecho, el vicelehendakari y consejero vasco de Seguridad, Josu Erkoreka, ya anunció a principios de este mes que se procedería a la devolución de más de un millón de multas.
Durante el primer estado de alarma, se interpusieron 1.142.127 multas
El real decreto de 14 de marzo que proclamaba el primer estado de alarma habilitó a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, policías autonómicas y locales para sancionar a los ciudadanos que no cumplieran con el confinamiento domiciliario, pero el pasado mes de julio el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional esta medida.
Un hombre sale a correr en el municipio madrileño de Alcobendas. EFE/Emilio Naranjo
Las cifras son de vértigo: el número total de multas fue de 1.142.127 en toda España en el primer estado de alarma, a las que se suman al menos 220.296 sanciones en el segundo estado de alarma -desde el 26 de octubre hasta el pasado mayo-, según los datos facilitados por el Ministerio del Interior en marzo, cuando se cumplió un año del primero de los estados de alarma.
El Ministerio de Política Territorial y Función Pública actualizó la cifra en mayo al informar de que las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno habían resuelto ya con sanción 172.482 expedientes, poco más de la mitad del total.
De las 481.969 actas de propuesta de sanción tramitadas, 172.482 se habían resuelto con sanción; 87.826 habían sido trasladadas a otras administraciones (autonómicas y locales); 54.193 se encontraban todavía en proceso de instrucción; y 11.206 habían sido archivadas. El resto, 156.262, tras el análisis del instructor correspondiente se había determinado que, a la vista de los hechos, "no procedía iniciar el procedimiento sancionador por distintas causas".
Para atender al volumen de expedientes y a la "desproporcionada carga de trabajo", Política Territorial anunció en mayo que ponía en marcha un programa de refuerzo para agilizar la tramitación de multas con la idea de que quedaran "resueltos en tiempo y forma". En total, había 235 empleados en todo el país encargados de determinar si, a la vista de los hechos, procedía o no iniciar el expediente sancionador.
Andalucía (195.986) y Madrid (184.517), las comunidades con más denuncias
Andalucía (195.986) y Madrid (184.517) fueron las comunidades autónomas en las que más expedientes de denuncia se interpusieron entre el 14 de marzo y el 21 de junio.
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